In Conceptos

La estabilidad laboral reforzada de los trabajadores con discapacidad constituye un derecho constitucional, el cual tiene por objeto la protección de los derechos de aquellas personas que sufren algún tipo de discapacidad, bien sea de carácter permanente o transitorio.

Este amparo cobija a aquellos trabajadores que han sufrido una disminución que les dificulta o impide el desempeño normal de sus funciones, por encontrarse en alguna de las siguientes condiciones:

1.deficiencia, entendida como una pérdida o anormalidad, permanente o transitoria, sea psicológica, fisiológica o anatómica de estructura o función; 2. discapacidad, esto es, cualquier restricción o impedimento para la realización de una actividad, ocasionado por un desmedro en la forma o dentro del ámbito normal del ser humano; 3. minusvalidez, que constituye una desventaja humana, que impide o limita el desempeño de una función normal de la persona, acorde con la edad, sexo y los factores sociales o culturales. (Sentencia T-614-2011, Corte Constitucional)

Es de suma importancia resaltar el siguiente pronunciamiento de la Corte Constitucional al respecto, pues es precisamente la jurisprudencia de este máximo órgano quien ha desarrollado en mayor medida el tema:

“La protección especial de quienes por su condición física están en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende también a las personas respecto de las cuales esté probado que su situación de salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, sin necesidad de que exista una calificación previa que acredite su condición de discapacitados”. (Sentencia C-744-2012, Corte Constitucional)

Independientemente de que en la actualidad haya o no incapacidad laboral, son supuestos que permiten afirmar la existencia de una estabilidad laboral reforzada, lo que consecuencialmente activa su protección dentro de la regulación del artículo 26 de la Ley 361 de 1997:

NO DISCRIMINACIÓN A PERSONA EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD. En ningún caso la discapacidad de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha discapacidad sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona en situación de discapacidad podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su discapacidad, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo

No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su discapacidad, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren.

Es de anotar, que el solo pago de la indemnización a que hace referencia el párrafo anterior no faculta al empleador para terminar la relación laboral con el trabajador en situación de discapacidad, ya que expresamente la Corte Constitucional expresó que (…)“carece de todo efecto jurídico el despido o la terminación del contrato de una persona por razón de su limitación sin que exista autorización previa de la oficina de Trabajo que constate la configuración de la existencia de una justa causa para el despido o terminación del respectivo contrato”. (Sentencia C-531-2000, Corte Constitucional)

Con base en lo anterior, todo trabajador con estabilidad laboral reforzada sólo puede ser despedido con el permiso del Ministerio del Trabajo, independientemente que exista justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo.

Realizar la terminación del contrato por parte de la compañía sin mediar autorización del Ministerio de Trabajo, tendría como consecuencias las siguientes:

  • El trabajador podrá pedir vía tutela el reintegro a su cargo
  • Con el reintegro se condenará a la empresa al pago de una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren.
  • Con el reintegro se condenará a la empresa al pago de la seguridad social y salarios dejados de percibir por parte del trabajador.

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